Este octubre, líderes del mundo se van a reunir en Quito, Ecuador, para acordar un marco internacional para el desarrollo sostenible en la conferencia Hábitat III. Se espera que el documento final de la conferencia, la Nueva Agenda Urbana (NAU), sea un marco complementario enfocado en lo que se requierá para lograr un numero de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pero particularmente, la meta de «hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles.»

Aunque los ODS y la NAU son acuerdos negociados y adoptados por gobiernos nacionales, son las autoridades regionales y locales, (gobernadores, alcaldes y funcionarios principales) las que estarán implementando mucho de lo que se establesca atreves de los acuerdos intergubernamentales. Esto es porque ellos trabajan más de cerca con las comunidades, así que conocen las necesidades de sus residentes, y comprenden los contextos y retos locales para alcanzar el desarrollo equitativo. En consecuencia, los gobiernos sub-nacionales están en el mejor posición de asegurar la «localización» de los acuerdos internacionales para hacer frente a la desigualdad con mayor eficacia.

Históricamente, los procesos intergubernamentales no han reconocido como es debido el papel que juegan los actores sub-nacionales. Sin embargo, la corriente ha tenido cambios en los últimos años, aunque no de manera equitativa. En preparación para la 1992 Rio Earth Summit, se estableció el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI). ICLEI es una asociación internacional de gobiernos locales que se ha comprometido con el desarrollo sostenible. El documento final de la cumbre, Agenda 21, hacía énfasis en el papel de las autoridades locales y hablaba directamente sobre la localización de la agenda, lo cual condujo a más de 6.000 planes de acción para la «Agenda 21 Local» en todo el mundo. Ésta estableció a las autoridades locales como uno de los nueve Grupos Principales de partes interesadas de la ONU, que deberían participar en la implementación de la Agenda 21.

Sin embargo, en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (el precursor de los ODS) no mencionó en absoluto la función de las autoridades locales. Luego, en otro giro del péndulo, la 2000 World Summit on Sustainable Development (WSSD, por su sigla en inglés) fue la primera conferencia importante de la ONU que reconoció que los gobiernos sub-nacionales tienen una función crítica en la implementación de agendas globales. De hecho, se estableció la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, con el fin de traer a las discusiones de nivel global las voces de las autoridades locales. Desde entonces, las autoridades locales han tenido un lugar prominente en los acuerdos intergubernamentales, incluyendo los ODS, el Acuerdo del Clima de París, y, esperamos, en la Nueva Agenda Urbana.

En preparación para Quito, las fuertes redes globales de colaboración, que incluyen United Cities and Local Governments (CGLU), Global Task Force of Local and Regional Governments, Commonwealth Local Government Forum (CLGF), ICLEI, y C40 Cities, se han convertido en foros de gran importancia para la generación de compromisos, asegurando que los gobiernos sub-nacionales compartan, aprendan los unos de los otros y eleven los temas urgentes locales y regionales a las negociaciones globales de la NAU. Muchos afirman que las ambiciosas metas del Acuerdo Climático de Paris del año pasado se deben a la fuerte presencia de alcaldes que fueron a Paris para exigir una declaración significativa para la reducción de gases de efecto invernadero.

La pregunta ahora es esta: ¿Se repetirá esta pasión y compromiso en Quito?

La Secretaria General Adjunta de CGLU, Emilia Sanz, así lo espera, haciendo hincapié en una reciente conversación en Ford que «esperamos que nuestras voces se oigan fuerte [en Quito] y que haya una clara visibilidad y declaraciones osadas por parte de las autoridades locales». Pero aún está por verse cómo serán exactamente esas declaraciones. En este momento, representantes a nivel nacional están negociando el texto de la Nueva Agenda Urbana. Ellos acaban de terminar tres días de negociaciones continuas en una reunión preparatoria en la ciudad de Surabaya, Indonesia, donde permanecieron estancados en varios temas, incluyendo el papel de los gobiernos locales. Ha sido uno de los temas más polémicas durante las negociaciones, ya que no hay acuerdo sobre qué tanta autoridad deberían tener, cómo se deben estructurar los sistemas financieros municipales, y así sucesivamente. Esto se traduce en días adicionales de negociaciones antes de ir a Quito. Como aun no tenemos un documento final, las autoridades locales no están seguras como se desinirán sus papeles. Por lo tanto, tienen que prepararse para llegar a Quito ya sea para defender un documento fuerte o con planes y declaraciones suplementarios sobre cómo continuar con su trabajo, a pesar de un documento débil.En el caso de los Estados Unidos, muchos de nuestros alcaldes defienden el desarrollo equitativo y el crecimiento urbano inclusivo. Nos alegra ver este entusiasmo, tanto a nivel local como nacional. El Secretario del Departamento Estadounidense de Vivienda y Desarrollo Urbano, y ex alcalde de San Antonio, Julián Castro, ha servido como presidente activo del Comité Nacional Americano para Hábitat III, aportando un trasfondo de gobierno sub-nacional a este papel. Asesorando a los alcaldes sobre cómo poner en práctica la NAU en una conversación reciente en Ford, el secretario de Castro dijo, «Sean valientes [y] acojan los temas que ayudarán a que su ciudad avance en aspectos importantes, y luego encuentren un punto común con sus comunidades, e implementen políticas que realmente hagan una diferencia… los alcaldes tienen un papel muy importante.»

Así como en los ODS y el Acuerdo de París, el papel de las autoridades sub-nacionales y locales debe ser un componente sólido de la Nueva Agenda Urbana. De hecho, serán algunos de los jugadores más importantes en la aplicación de lo que se presente en Quito.